El Gobierno decidió retrasar el proyecto de ley destinado a crear la figura del “arrepentido” para delitos de corrupción. Desde la Casa Rosada sostienen que resulta “innecesario” impulsar ahora ese proyecto porque la figura del arrepentido ya se encuentra vigente para casos de narcotráfico, secuestros extorsivos, terrorismo, trata de personas y lavado
La legislación actual, sin embargo, no incluye la opción del arrepentido para delitos contra la administración pública, por lo que ningún ex funcionario puede acogerse a esa figura y aportar información comprometedora a cambio de una reducción de su condena, como podría ser el caso de Ricardo Jaime .
Se decidió demorar ese proyecto -que incluye borradores de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Seguridad- para reducir las fricciones y los puntos de conflicto con las distintas bancadas de origen peronista en el Congreso.
Al parecer el mensaje que llega desde el Senado es que no lo van a aprobar y hoy la prioridad por ejemplo son las vacantes en la Corte. La decisión tomada en silencio desde la Casa Rosada contradice una promesa recurrente de Macri durante su campaña electoral, que reiteró durante el debate presidencial que mantuvo con Daniel Scioli el 15 de noviembre pasado, como también al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo último.
“Es un instrumento con el cual nos hemos comprometido y enviaremos” al Congreso, reafirmó Macri casi un mes después, durante una entrevista en la que le reclamó a la Justicia que avanzara con las investigaciones sobre corrupción. “Hoy hay herramientas muy importantes que tienen los jueces que casi funcionarían como una ley del arrepentido. Sería muy importante que ellos las usaran”, planteó.
Centrados en cumplir con esa promesa, al menos dos áreas del Gobierno redactaron borradores de ese proyecto de ley: un equipo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otro de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, con aportes del Ministerio de Justicia. El 12 de abril, Bullrich defendió ante diputados nacionales su proyecto, que incorporaba figuras específicas para investigaciones de delitos complejos. Entre otros, además del arrepentido, incluía las de “agente encubierto”, “agente revelador” y la del “informante” o la de “entrega vigilada”.
El proyecto volverá a la Oficina Anticorrupción “para ajustes técnicos”, basados en las sugerencias “del área de técnica legislativa” del ministerio. Titulado “Colaborador eficaz”, el borrador estipula “la posibilidad de eximir o reducir la pena, disponer beneficios en su ejecución o el cumplimiento condicional de la pena a quien haya participado en uno de los delitos contra la administración pública”, según consta en el borrador
