En las últimas horas, el empresario Lázaro Báez, que está a punto de cumplir seis meses de detención en el penal de Ezeiza y procesado por lavado de dinero, definió cambiar a sus abogados defensores. El elegido es Maximiliano Rusconi, el mismo que días atrás impulsó una de las denuncias contra Juan José Gómez Centurión en la Aduana, y quien representó a Diego Lagomarsino en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman.
El giro en la defensa obedece a una serie de cambios que tiene en mente Báez para enfrentar las causas judiciales que son investigadas en Comodoro Py. El empresario vinculado a la gestión kirchnerista ligado a la obra pública insistirá en su idea de “no quebrarse”. De hecho, hay quienes intentaron convencerlo de que esa era la mejor vía para avanzar en una posible reducción de la pena.
Con los dos abogados que lo defendían ya había tenido varios cruces. De hecho, en mayo pasado, llegó a decirle a Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari que estaban “jugando más para Cristina que para él”. En las últimas horas, designó al penalista Rusconi al frente de su defensa.
Se trata de la tercera defensa de Báez en lo que va del año. Los primeros fueron Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo, quienes renunciaron en marzo pasado luego de trabajar tres años con el empresario de la obra pública. Luego le siguieron Sal Lari y Rubinovich y ahora Rusconi.
A diferencia de Sal Lari y Rubinovich, quienes prácticamente no hicieron declaraciones, Rusconi tiene un perfil más cercano a la confrontación y a la respuesta. Entre 1999 y 2001 fue titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando. Y este año el gobierno lo propuso como fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, pliego que luego fue frenado por el propio Ejecutivo.
Más allá de la defensa de Diego Lagomarsino, el asesor informático del fallecido fiscal Alberto Nisman, el nuevo abogado de Báez actuó en casos de gran impacto político. Sin dudas, la defensa del ex presidente Carlos Menem en la causa por tráfico de armas a Croacia y Ecuador es una de las más importantes. Además, es representante de Nicolás Ciccone, en la misma causa donde se encuentra procesado el ex vicepresidente, Amado Boudou.
El objetivo de Báez es mostrar una imagen “humanizada”. El foco de sus críticas continuará siendo el juez federal Sebastián Casanello, quien lo investiga por lavado de dinero y quien debe definir su futuro. Así, el “enemigo” visible continuará siendo el juez federal al que acusó de haber estado presente en varias ocasiones en la Quinta Presidencial reunido con la ex presidenta. Y Cristina Fernández podría ser una suerte de “enemiga invisible” en la causa. En cambio, la “lealtad” hacia Néstor Kirchner seguiría intacta.