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En Argentina hay 43 refugiados LGBTIQ+ escapando de la homofobia

En los últimos 10 años, el Estado concedió el estatus de refugiado a 43 personas cuya libertad e integridad física estaba en riesgo en sus países de origen por pertenecer al colectivo LGBTIQ+ y la mayoría de ellos resultaron de nacionalidad rusa (37%) o jamaiquina (25.5%), según datos de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).

“Cuando yo tenía 16, mis primos se enteraron que soy gay y me atacaron como para matarme. Me rompieron varias costillas y mi cabeza sangraba. Después de eso estuve un año en la calle y luego en una casa abandonada donde viven muchas personas gays que no tienen otro lugar”, contó a Télam con alguna dificultad idiomática el jamaiquino Fitzroy Beckford (25 años), uno de los refugiados que vive en Buenos Aires desde hace tres años (Ver recuadro).

Entre enero de 2010 y junio de 2020, solicitaron acogerse a esa protección establecida en virtud de la Convención de 1951 un total de 116 personas y en el mismo período, 43 obtuvieron efectivamente esa protección, es decir, casi cuatro de cada 10 respuestas fueron positivas, una proporción que duplica la media para las solicitudes de refugio en general, que fue de 19% para los últimos cinco años.

Esto demuestra que “la situación de estos grupos en determinados países los vuelve una población necesitada de algún tipo de protección”, dijo a Télam el secretario ejecutivo de la Conare, Alfredo López Rita(Ver recuadro).

Pero si se tiene en cuenta que al 30 de junio de este año viven en Argentina 3.953 personas asiladas por diferentes motivos, el grupo de refugiados LGBTIQ+ representa sólo el 1%.

El funcionario aseguró que “los índices de reconocimiento de peticiones de refugio a nivel internacional son siempre muy bajos” por la excepcionalidad del instituto del refugio y “Argentina supo tener históricamente un índice de 14%”.

No obstante hay más personas que “siendo gays o lesbianas son reconocidos como refugiados por otras razones que merituaron este estatus” antes que su orientación sexual.

La homosexualidad es penada aún en 77 Estados o regiones; en 12 de ellos con pena de muerte “efectiva o posible”, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).

Refugios en Latinoamérica
“En los últimos años ha habido un marcado aumento de las personas solicitantes de refugio por motivos relacionados a su sexualidad, su orientación de género o su expresión de género”, dijo a Télam el licenciado en Estudios Internacionales Esteban Scuzarello, quien realizó un estudio comparativo y cualitativo de los procesos de admisión en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

El joven plantea “dos hipótesis” para explicar este fenómeno.

“Por un lado, si bien la cantidad de países que penalizan los comportamientos homosexuales cayó, se hizo más globalmente conocida la posibilidad de acceder al refugio por cuestiones sexuales, ya que si bien si bien en los 90 se otorgan los primeros, recién en 2009 y 2012 la Acnur saca directrices” específicas, dijo.

“Por otro lado, si bien los países dejan de penalizar, las sociedades no necesariamente dejan de perseguir porque tardan en acostumbrarse a las nuevas normas que en algunos lugares incluso generan un movimiento contracíclico, con un revival de cuestiones conservadoras”, explicó.

En su estudio, Scuzarello encontró que en Ecuador, Chile y Perú hay una “aplicación muy pobre de la normativa”, con entrevistas de admisión intrusivas o revictimizantes; mientras que en Brasil y Argentina hay “una aplicación medianamente buena”.

Además, “el Estado argentino no solicita pruebas psicológicas ni deja de otorgar el refugio a una persona gay, por ejemplo, porque haya tenido un pasado heterosexual o hijos”, como ocurre de manera “ilegal” en otros países porque “los estados no tienen que comprobar” la orientación sexual del solicitante, “sino si efectivamente fue perseguido o tiene un fundado miedo a ser perseguido” en virtud de ella.

Por su parte, la responsable del área de Relaciones Internacionales de la Federación LGBT+ que acompañó unos 25 solicitantes de refugio, Maribel Sgariglia, explicó a Télam que el denominador común en todos los refugiados es “mucho sufrimiento y una experiencia de mucha exclusión no sólo de su país sino también de sus hogares”.

“Esto es porque para las personas LGBT, a diferencia de otras comunidades perseguidas, el primer lugar de violencia y expulsión es su familia”, dijo.

Otro elemento común es “la sensación de libertad” que experimentan al llegar.

“Recuerdo un varón gay jamaiquino que se pasó llorando los 40 minutos de Ezeiza a Capital y yo pensé que era porque estaba lejos de su casa, pero me dijo que no, que era de emoción de sentirse libre por primera vez”, contó.

La especialista explicó que eligen a Argentina porque “es un país de avanzada en materia legislativa y social”, pero luego “sufren constantemente el desamparo del estado de la ciudad” de Buenos Aires donde se radican todos, “que no da respuestas y los deja en estado de vulnerabilidad social y económica”.

“Además, acá hay un racismo enquistado y los discriminan o insultan no por ser gays, lesbianas o trans, sino por ser migrantes y afrodescendientes”, dijo.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (Ilgalac), Pedro Paradiso Sottile, explicó que obtener el estatus de refugiado “es muy difícil porque además de las cuestiones burocráticas está el tema económico: hay que tener fondos para poder comunicarse y pedir auxilio”, pero también para salir del país y llegar a destino, porque “no es que los estados te pagan el viaje”.

“Eligen Argentina por su impronta a nivel mundial como vanguardia en materia de derechos LGBT y libertades, y uno de los pocos países que posibilita el matrimonio igualitario de extranjeros”, dijo Paradiso, quien desde Ilga está acompañando actualmente a una pareja de mujeres rusas a tramitar esta protección.

“Las experiencias de recepción son muy diversas de acuerdo a las interseccionalidades que se ponen en juego y favorecen la inclusión o la exclusión social y económica; es decir, no será lo mismo ser trans, pobre y con origen étnico que ser un hombre gay blanco”, dijo, por su parte, la coordinadora del área legal de Caref, Lucía Galoppo.

La especialista advirtió que hay un “estereotipo del refugiado” que indica que éste “no es propio de Latinoamérica”, y desde las organizaciones de la sociedad civil “estamos tratando de desarmar” en tanto afectan su reconocimiento como tales primero y su plena inclusión después.

“Se están identificando casos de refugiados LGBTIQ+ para un tratamiento específico”, según la Conare

El presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) desde marzo pasado, Alfredo López Rita, aseguró que “recién ahora se están identificando los casos” de refugiados LGBTIQ+” para darle “un tratamiento específico a esta población” en crecimiento, al calor la nueva “agenda de género y diversidad” que impulsa el Gobierno nacional.

Además, el funcionario aseguró que su gestión pondrá especial énfasis en el cumplimiento de la última parte de la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado (2006) que “le atribuye a la Conare competencia en el proceso posterior” a la obtención del estatus, un área de trabajo “que no fue debidamente desarrollada con políticas públicas” años anteriores.

Según datos del organismo, entre 2010 y junio de 2020, se receptaron 100 pedidos de refugio por persecución a la orientación sexual o identidad de género en el país de origen, con predominio de las nacionalidades rusa (27%), cubana (12%), jamaiquina (10%) y nigeriana (10%) entre los solicitantes.

En el mismo período, 43 personas fueron reconocidas como refugiados LGBTIQ+: 16 rusos, 11 jamaiquinos, 3 camerunenses, 4 venezolanos, 2 nigerianos, 2 peruanos, un salvadoreño, un senegalés, un ghanés y un ugandés.

López Rita explicó que “como estándar internacional, los índices de reconocimiento de peticiones de refugio en siempre son muy bajos” por la excepcionalidad del recurso, y “Argentina supo tener históricamente un índice de 14%” para los refugiados en general porque “muchas peticiones resultan ser manifiestamente infundadas”.

“Y el de los refugiados LGBTIQ+ es un número muy bajo dentro de un universo ya de por sí muy chico, pero luego hay gays o lesbianas reconocidas como refugiadas por otras razones que merituaron el reconocimiento, más allá de su condición que no era la causa fundamental”, dijo.

No obstante, el índice de aceptabilidad entre 2010 y 2020 fue del 37%, muy superior al 19% promedio entre 2015 y 2019 para todos los refugiados en general.

“Uno suele asociar el refugio al estado con persecutor, pero en algunos casos tiene que con conflictos armados internas, con organizaciones urbanas criminales o maras que copan barrios o ciudades y muchas veces caen sobre población LGBTIQ+ de manera tremenda”, dijo.

En otras ocasiones, el peligro lo constituyen “una familia y una sociedad represoras, condenatorias con un estado que no hace nada para impedirlo”.

“Recién en el último tiempo se está haciendo la identificación de los casos de este colectivo y recién ahora empezamos darles tratamiento específico porque la población está tomando conocimiento de normativas y al informarse de eso entiende que pueden aplicar”, dijo.

Por otro lado, López Rita explicó que la ley 26.165 le otorga a la Conare unas competencias que “van más allá del mero tratamiento de las solicitudes que se presenten” y avanza sobre “el proceso de integración” económica y social del refugiado.

“Ahí hay todo un campo de política pública que no fue debidamente desarrollado y una de las cosas que estamos intentando encarar es justamente eso: todo lo que es contención y atención posterior”, dijo.

Por otro lado, López Rita atribuyó el crecimiento de las solicitudes al “sólido compendio legislativo con estándares muy arriba” en materia de garantía de derechos “que no existen en otros países” -a no ser en aquellos que se instituyen como “los grandes faros de las buenas prácticas a imitar”- y al trabajo de la ONG Raimbow Railroad que “hizo un trabajo muy fuerte promoviendo la Argentina como lugar de protección”.

En cuanto a los tiempos del trámite, el funcionario aseguró que se “administra” la celeridad en función de la “urgencia” y “los trámites urgentes, los tratamos de manera urgente”.

“Hoy por hoy tenemos una agenda de género y diversidad para empezar a desarrollar que en marco del surgimiento del ministerio de la mujer, con una hoja de ruta a desarrollar para empezar a darle tratamiento específico a esta población” de refugiados LGBTIQ+, dijo.

Libres de homofobia, los refugiados LGBTIQ+ jamaiquinos se enfrentan al “racismo” argentino.

EL PELIGRO DE LA MUERTE POR TENER UNA SEXUALIDAD DIFERENTE CONTADO EN PRIMERA PERSONA

Dos jóvenes gays jamaiquinos que obtuvieron refugio en la Argentina tras viajar a este país por recomendación de activistas locales coincidieron en que si bien aquí ya no son discriminados por su orientación sexual, sufren el mismo “racismo” que otros afrodescendientes.

Fitzroy Beckford (25) lleva poco más de tres años viviendo en Buenos Aires, donde primero se ganó la vida preparando viandas, luego fue vendedor en ferias, y actualmente se desempeña como asesor de ventas en internet.

“Cuando yo tenía 16, mis primos se enteraron que soy gay porque me escucharon hablando con un chico por teléfono y esa noche me atacaron como para matarme”, contó a Télam.

Conoció a un hombre mayor con hijos de su edad, que lo “salvó” de esa situación y con quien estuvo cuatro años viviendo como pareja, aunque hacia afuera simulaba ser un hijo más.

Durante ese tiempo Fitzroy volvió a estudiar y trabajar; hasta que “una prima se vino al barrio con su novio y era peligroso para todos”, así que le dijo a su pareja que se tenía que mudar, “pero no de casa, sino de país”.

“Una empleada de una agencia de viajes me dijo que Argentina es un país muy bueno que acepta a las personas gays. Eso fue un viernes y el sábado ya estaba acá”, contó.

Paradójicamente, Fitzroy pudo restablecer desde Argentina el contacto con su madre que lo abandonó de bebé y con su padre que lo dejó al cuidado de diferentes familiares y a quien de grande dejó de ver porque “estaba con su nueva señora en otra provincia”.

“Después de años volví a hablar con mi papá y con mi mamá, porque mis dos hermanos más grandes se murieron y ahora soy el mayor. Ellos están avergonzados”, contó.

Por parte de su padre, Fitzroy tiene cuatro hermanos más de 18, 10, 16 y 4 años, a quienes quisiera traer a la Argentina para que estudien, porque, “yo no quiero que estén en los lugares que yo estuve”.

En Argentina descubrió el activismo con la Federación Argentina, desde donde ayuda a otros compatriotas que solicitaron refugio.

“Lo que sí veo acá es gente con actitudes racistas, como cuando voy al banco o a otro lugar importante y me hicieron sentir como si yo no fuera nadie”, contó.

Uno de los 13 países que forman la América Insular o Antillas es Jamaica, un estado insular donde la homosexualidad está penada con hasta 10 años de cárcel en virtud de una ley que data de la época colonial y que no fue modificada porque el 77% de la población la apoya.

Además la cultura produce contenidos homofóbicos sin condena social, como lo son muchas letras de diferentes géneros de la música popular jamaicana, lo que ha dado lugar a la campaña “Stop Murder Music” por parte de diferentes organizaciones.

Como resultado de esto, tres de cuatro integrantes del colectivo de la diversidad sexual desean abandonar su país para librarse de la homofobia en la isla.

“Mi mamá y mis hermanos se enteraron de que soy gay cuando yo ya estaba en Argentina, por una foto que sin querer publiqué en mis redes sociales. Yo me fui porque tenía mucho miedo de los miembros de mi familia, sobre todo de mi hermano mayor, que fue abusivo y violento conmigo por 20 años y, si sabía esto, iba a ser peor”, contó por su parte Nick Brown (23), otro refugiado jamaiquino que actualmente vive en Rosario.

El joven decidió abandonar el país cuando la imposibilidad de “salir del closet” le empezó a “afectar la salud”.

Pero entonces su jefe en la ONG para la que trabajaba, advirtió la situación y lo puso en contacto con la organización jamaiquina Jflag, que a su vez trabaja en alianza con la canadiense Rainbow railroad –que cubre los pasajes y primeros meses de estadía para personas LGBT+ solicitantes de refugio- y la FALGBT+ Argentina.

“Me dijeron que había una oportunidad de venir a Argentina, que tiene sus puertas abiertas por este tema”, contó.

A su mamá y sus seis hermanos, Nick les dijo que viajaba “tal vez por dos años”, por un nuevo proyecto de trabajo.

“Allá es muy peligrosa la vida en general para ser una persona de la comunidad LGBT+. No es que van a llamar a la policía si descubren que eres gay sino que van a tomar la decisión de hacer justicia por sí mismos”, contó.

La familia se enteró que Nick es gay y que no tiene pensado volver a su país meses después.

Después de “un año muy largo” de silencio, su mamá y una de sus hermanas volvieron a hablarle, pero el vínculo sigue cortado con el resto de la familia que se siente afectada en su “reputación”.

Hasta poco antes que comience la cuarentena, Nick estuvo trabajando para una empresa estadounidense de marketing digital y actualmente hace “algo de dinero trabajando en Rappi”.

Al igual que Beckford, Brown asegura que lo más difícil que enfrentó en Buenos Aires es el “racismo”.

“Muchas veces me pasó estar caminando por la calle y que la gente escupiera justo antes de que yo pase; o sentarme al lado de alguien en el subte y que deje su asiento; o que los empleados de seguridad me persigan por todo el supermercado cuando voy a comprar”, contó.

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