Gabriel Meayer era empleado del Banco Nación. Tenía 51 años. Murió en su casa el lunes 27 de mayo a la mañana. Trabajaba en la primera línea de atención al público, donde se derivan clientes a distintas áreas del banco. Desde abril, Gabriel sostenía un conflicto con el gerente de la sucursal, reclamando por la aplicación de un sistema de burbujas, que acotara su exposición y la de sus compañeros ante un eventual contagio.
Mónica Braia, esposa de Gabriel, contó que “para el 12 de abril sentía ya algunos síntomas, ante lo cual se le negó la dispensa laboral”. Dos días después, el 14, Gabriel, su esposa y sus dos hijos estaban con síntomas. El sábado 15 contactaron al 911. Les indicaron que bajasen la aplicación de seguimiento de síntomas “Salta Covid-19”.
Un médico les indicó Azitromicina. Apelaron a la consulta de un médico personal, de especialidad ginecólogo, ante la ausencia del seguimiento profesional por parte del Estado.
El martes 18, un laboratorio privado enviado por el banco, confirmó el caso positivo de Covid en Gabriel. Tras comunicarse nuevamente con el 911, les dijeron que “sigan las indicaciones de la plataforma”.
El jueves 20 -desde el 911- le reiteraron la medicación, y que no había nuevas indicaciones, a pesar de que Gabriel ya no ingería alimentos. Durante el viernes y el sábado, Gabriel siguió desmejorando, al tiempo que, desde el Samec, rechazaban las llamadas.
Llegado el domingo, Gabriel ya tenía muchas dificultades para respirar. Se pidió una ambulancia pero nunca llegó. Esa noche no durmió. A las 8 de la mañana del lunes, se descompensó en brazos de su compañera.
Los llamados al Samec -de todos los miembros de la familia- fueron infructuosos. El hijo menor de la familia corrió a la comisaría para exigir que trajesen una ambulancia. La policía concurrió al lugar pero no intervino, porque adujo no tener los recursos, e insistieron con el llamado. Finalmente, el móvil llegó una hora y media después, pero ni siquiera estaba equipada para casos graves. Para ese entonces, Gabriel ya había fallecido.
Desde el martes 18, la Obra Social “Jerárquico Salud” estuvo informada del caso, se conectó con la familia, pero en 6 días no le brindó ninguna atención.
Mónica contó que en la mañana del jueves 27 de mayo, el titular del Samec, declaraba a radio 89.9, que efectivamente no pudieron asistir a tiempo al llamado desesperado de esta familia porque no tenían vehículos, que solo 3 ambulancias son nuevas, y del resto son muy usadas, y hay varias fuera de servicio porque necesitan reparaciones.
El jefe del Samec reconoció que ya no había camas de alta complejidad en la capital, y que lo mismo pasa en Rosario de la Frontera y Metán (en ambos casos se intenta instalar hospitales de campaña).
El diputado Claudio Del Plá sostuvo: “Es el colapso del sistema de salud que, aunque estaba largamente anunciado frente a esta segunda ola, no recibió los recursos indispensables que hemos reclamado reiteradamente y seguimos reclamando”.
“Se impone la centralización de todos los recursos del sistema público y privado en un solo comando estatal bajo control de los trabajadores para evitar el sabotaje de la medicina privada”, señaló el legislador del Partido Obrero.
“Hay responsables políticos y materiales de la muerte de Gabriel que deben ser juzgados y condenados”, sentenció. Ante este hecho desgarrador y de altísima gravedad, el diputado presentó un proyecto de resolución en el cual cita los artículos 116 de la Constitución Provincial y 166 del Reglamento de la Cámara, para solicitar al señor Ministro de Salud Pública que Informe “todo lo relativo a la intervención del Samec y de los efectores del Ministerio de Salud en el caso del fallecimiento por COVID 19 de Gabriel Meayer”.
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