La Argentina es uno de los países con mayor índice de uso de efectivo en el mundo. Aunque el 80% de la población adulta posee una cuenta bancaria, según el último relevamiento realizado por el Banco Central y otros organismos, la inclusión financiera aún es baja: la mayoría solo usa su tarjeta de débito para extraer efectivo.
Ante esta realidad que tiene pocos ejemplos similares, incluso en América Latina, el Gobierno decidió avanzar con una sobretasa que ya hace tiempo se venía analizando, incluso en círculos académicos. Consiste en gravar el uso del efectivo, o más bien el retiro de dinero de los bancos.
La medida está incluida en la flamante ley de Solidaridad Fiscal y aparece en el artículo 45. El mismo considera como hecho imponible las “extracciones de efectivo, bajo cualquier forma, los débitos efectuados en las cuentas estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso”. Luego se aclara que el sobrecosto no será de aplicación para personas humanas o personas jurídicas que revistan la condición de micro y pequeñas empresas”.
Esto significa que debitar de la cuenta para extraer efectivo no se cobrará 0,6% como sucede con cualquier débito sino el doble, es decir 1,2 por ciento. El objetivo sería desalentar este tipo de transacciones y que el dinero siga circulando en el circuito bancario. Esto generaría varios beneficios: no solo el costo de movilizar efectivo (además de las cuestiones relacionadas con la seguridad), sino también que el dinero queda dentro de los bancos y por lo tanto se reduce la informalidad.
Pero estos argumentos válidos son rápidamente contrarrestados dentro de los bancos. “Nosotros proponíamos pensar en algún tipo de gravamen para quienes extraen efectivo, pero la realidad es que la mayor parte proviene del público y las pymes. Las medianas y grandes empresas en general no se llevan dinero en efectivo de las cuentas”, detallan. Por lo tanto, la efectividad de la medida ya arranca en niveles muy bajos.
