Después de cuatro años de que el gobierno kirchnerista impulsó la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, la Justicia estimó que esa decisión política le costará al Estado por lo menos $300 millones, más el 6% de interés anual, por lo que la cifra total superará los $350 millones y amenaza con elevarse mucho más.
El fallo judicial derrumbó las promesas del kirchnerismo, que había anunciado que la expropiación de la imprenta no le costaría “ni un peso” a las arcas públicas, mientras buscaba contener el escándalo que afectaba al entonces vicepresidente Amado Boudou, quien ahora se encamina hacia el juicio oral por presunta corrupción.
La decisión quedó en manos de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, quienes confirmaron así la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino e intimaron al Estado a depositar esos fondos “dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía”.
Ahora los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya apelaron el fallo judicial con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia revierta la sentencia. El objetivo de la AFIP es que la Justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa -unos $ 300 millones- y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los $ 275 millones.
A lo largo de aquel fallo, Cosentino le recordó además a la AFIP, que lideraba Ricardo Echegaray, que no podía pretender un beneficio extraordinario e ilegal tras las idas y venidas que mantuvo con la imprenta, a la que primero le negó un plan de pagos para luego, ya con Vandenbroele dentro de la compañía, otorgarle “un amplio plan de facilidades de pago que en los hechos implicó dejar atrás el estado falencial para volver a la situación concursal original”.
Ahora, con la ex Ciccone ya declarada en quiebra y parte de sus activos bajo el control de la Casa de Moneda, los camaristas Heredia y Vasallo confirmaron los cuestionamientos a la ley de expropiación. Sin embargo, tanto el juez Cosentino como los camaristas consideran que admitir esa compensación conllevaría un trato inequitativo para todos los demás acreedores que aspiran a recuperar al menos parte de los millones que les adeudan los Ciccone.
