La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja emitió un dictamen a favor de la autorización para allanar el domicilio del ex ministro de Planificación y actual legislador Julio De Vido.
El proyecto es impulsado por el oficialista Cambiemos y contó con el apoyo del bloque UNA y el rechazo del Frente para la Victoria y el GEN. El conflicto de fondo es un allanamiento a una propiedad del ex funcionario que fue frenado por la Justicia por sus fueros.
“De ninguna manera la resolución implica afectar al diputado De Vido en sus fueros ni suspenderlo”, aclaró el autor del proyecto y titular de la comisión, el macrista Pablo Tonelli. Mientras se debatía, el propio De Vido presidía la comisión de la Comisión de Energía y Combustibles cerca de ese recinto.
Aunque el massismo apoyó, propuso que también se discuta un proyecto de la diputada Graciela Camaño para modificar la ley de fueros para que “al ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores o la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas”, el juez esté obligado a comunicar tales medidas al presidente de la respectiva Cámara.
Margarita Stobizer, del GEN, criticó la iniciativa del macrismo al afirmar que hubo una “sobreactuación” para mediatizar el tema y “llevar al Congreso los conflictos políticos”. Además, subrayó que fue el juez quien frenó el allanamiento de una propiedad de De Vido, por lo que el Congreso debe respetar la división de poder y no indicarle al magistrado el camino a seguir.
Por su parte, la diputada Diana Conti acusó a Tonelli de “apretar a los jueces” y consideró que su iniciativa es “una chicana política, burda e inadmisible”.
En cambio, Elisa Carrió, consideró que la Constitución sólo dispone la inmunidad de arresto y que no se deben extender los fueros a un allanamiento, pese a que la ley de fueros –creada en el 2000– sí lo hace. Al final, el dictamen consiguió 15 firmas: todo el bloque Cambiemos más los tres legisladores de UNA que hay en la comisión: Juan Fernando Brügge, Mónica Litza y Horacio Alonso.
Bonadio ordenó embargar el sueldo de diputado De Vido
El juez Claudio Bonadio ordenó embargar el sueldo de diputado de Julio De Vido, luego de un pedido de la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso por la Tragedia de Once. El magistrado dictó la inhibición general de bienes y pidió congelar las cuentas del ex ministro de Planificación Federal.
Cuando fue procesado por la tragedia en la que murieron 52 personas en febrero de 2012, el juez le trabó a la par un embargo por 600 millones de pesos. No obstante, el ex funcionario aseguró no poseer bienes por ese monto, en una clara muestra de caradurez. Fue entonces que la Oficina Anticorrupción (OA), aceptada como querellante en la causa, propuso embargarle el sueldo que recibe como diputado.
La petición del organismo que dirige Laura Alonso requería a la Dirección de Administración de la Cámara baja que “informe si percibe sus haberes ante ese organismo y, en caso afirmativo, proceda a trabar embargo sobre los mimos hasta cubrir la suma”. El juez accedió a ese pedido.
Bonadio consideró que “la inacción de De Vido” posibilitó el choque de la formación del tren Sarmiento que causó 51 muertes. Disconforme con la decisión, el legislador pidió luego que se aparte al juez de la causa, pero tal requerimiento fue rechazado por la Cámara Federal
