La procuradora Alejandra Gils Carbó nombró a tres funcionarios que trabajarán en el tema. Los elegidos son los fiscales generales Marcelo Molina (La Plata), Alejandro Cantaro (Bahía Blanca) y Mónica Cuñarro (Ciudad de Buenos Aires). Ellos investigarán si hay patrones comunes en las amenazas a los mandatarios para establecer si pueden desarrollarse acciones judiciales coordinadas.
En el caso del jefe de Estado, se investigarán las amenazas de explosivos en su domicilio particular y en Casa Rosada así como los piedrazos a su auto en Mar del Plata.
“Si bien cada uno de estos acontecimientos —cuya dilucidación se encuentra a cargo de distintos magistrados de los sistemas de administración de justicia bonaerense y federal— contemplados de manera individual ya reviste gravedad, su entidad se exacerba si fueran parte de un misma maniobra ilícita orientada a socavar el normal desempeño de las instituciones democráticas”, explicó Gils Carbó.
El punto de partida serán los expedientes abiertos en Mar del Plata y La Plata, pero podrían intervenir en cualquier otra causa abierta que esté relacionada.