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Demandan a Argentina por la expropiación de Aerolíneas

Argentina recibió una demanda en los tribunales de Nueva York por parte de el fondo de inversión conocido como Titan Consortium. La acción judicial llega a us$ 320 millones y tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Cabe recordar que la medida había sido tomada en el año 2008 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En el año 2019, el demandante había obtenido una sentencia firme favorable en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero nunca pagó. Como consecuencia de ello, y dado que no existen más instancias para recurrir dentro del CIADI, el fondo presentó la demanda ante la justicia de los Estados Unidos.

El backgorund de la causa

En 2017, nueve años después de la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner, el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) dictó sentencia a favor del grupo español Marsans y condenó al Estado nacional a desembolsar USD 320 millones de dólares en concepto de indemnización. El país pidió la anulación y dos años atrás -en 2019- esa medida fue rechazada, por lo que la condena y la multa quedaron firmes.

De todos modos, la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, apeló, pero la condena llegó de todos modos.

“La solicitud de anulación de Argentina fue rechazada. La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de USD 1 millón en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”, cerró la sentencia según el fallo. En total, USD 320,7 millones.

En España los empresarios están presos por estafa; Aircomet quebró, no existe más. Este fallo en contra del Estado fue por negligencias que cometieron los funcionarios de la administración anterior

En su momento, los abogados de Cambiemos habían argumentado que el tribunal se había extralimitado en sus facultades, que había habido “un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se funda. Acá hubo una defensa negligente que hemos heredado del pasado, pero queda todavía un último recurso de revisión a presentar”.

Cuando la empresa aérea pasó a manos del Estado –algo que se aprobó en el Congreso– hubo largas discusiones por el precio. El Tribunal de Tasaciones de la Nación dijo entonces que tenía un valor negativo de USD 832 millones. Marsans decía USD 600 millones. “Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa”, explican ahora desde el Gobierno.

Julio Alak fue el primer presidente de la empresa y fue sucedido por Mariano Recalde. El juicio empezó en marzo de 2014 y los defensores locales, encabezados por la procuradora general del Tesoro de entonces, Angelina Abbona, denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF. Y quisieron demostrar, sin éxito, que era una concesión de servicio público y no una empresa privada.

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