Algunos de los aportantes de Macri fueron 33 integrantes de agencias de publicidad; veinte miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana. Casi todos los especialistas coinciden que el financiamiento de las campañas políticas en Argentina supera lo declarado, y en 2015 el fenómeno superó ampliamente lo que los partidos blanquearon.
Casi $ 3 millones que Mauricio Macri recibió de aportes privados para financiar su campaña para las elecciones primarias y las generales provienen de gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobiernos provinciales, algo que entra en conflicto con la ley.
Al menos 33 integrantes de agencias de publicidad; veinte miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana, todas ellas con vínculos con la gestión porteña o contratos con provincias, como la de Córdoba, aportaron $ 2,7 millones para que Macri llegara a la Rosada.
La Ley de Financiamiento de Partidos es categórico: prohíbe que las alianzas reciban “contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad”.
