El Consejo de Seguridad Interior (CSI) aprobó este miércoles el “Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas”, que establece pautas concretas para asegurar la normal circulación durante las protestas callejeras, y busca garantizar la actuación sin excesos de las fuerzas de seguridad.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó la primera reunión del año del CSI. La acomparon del secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.
El protocolo aspira a mantener “el diálogo” entre manifestantes y fuerzas de seguridad de todos los ámbitos y la “realización pacífica de las expresiones de protesta pública”, así como la garantía de libre circulación de quienes no participan de las movilizaciones y los cortes.
En diálogo con Radio La Red, Bullrich manifestó: “Lo de ayer fue un caos que no queremos que sigan interviniendo”. “Pudimos intervenir en Panamericana, pero con 200 cortes en todo el país y con una situación de beligerancia y agresividad, era muy difícil atender; con lo cual decidimos que este protocolo entre en vigencia para poder tener reglas claras tanto nosotros, como los jueces, como los manifestantes”, sostuvo.
La funcionaria aseguró que se trata de “una resolución que va a tener unos días de discusión pública, y luego estará vigente”. “Vamos a avisarle a las organizaciones sociales que no podrán cortar las calles. Cuando hay una manifestación programada, y un gremio quiera marchar de Plaza de Mayo al Congreso, y dice cuánto va a durar y cuántas personas van a asistir, se le avisará a la población y va a ser permitida”, anticipó.
Respecto de cómo será el desalojo y del uso de armas de fuego, aclaró: “Si se corta sin programación, el procedimiento es que llegan las fuerzas federales, se le avisa a la gente que está en curso el artículo 194, se le pide que se retire, y si no, se procede a retirarlos de la calle”.
“Cuando es un corte programado, la primera línea será sin armas o con armas no letales. Estarán preparados para una manifestación. Con el uso mínimo indispensable para la defensa legítima. Sin armas de fuego”, continuó Bullrich.
Cinco minutos. Ese es el lapso de tiempo que se la dará a los piqueteros para acatar la orden. “Le pedimos que se retire por las buenas, haga la manifestación al costado. Si no se van a los cinco o diez minutos, los sacamos”, comentó la ministra de Seguridad.
“No se va a lograr todo de un día para otro. No podemos dejar a la Ciudad sin policía, para atender 200 cortes como pasó ayer”, argumentó.
“Este ministerio no va a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte. No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, afirmó Bullrich. Y agregó que “el gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”.
El encuentro del CSI se realizó en Bariloche, con la presencia de legisladores provinciales y diputados y senadores nacionales, y referentes y titulares de las áreas de Seguridad de todo el país, salvo de San Luis, la cual no fue por razones personales. Distritos como La Rioja, Chaco y Santa Cruz pidieron tiempo para tomar una decisión definitiva, consignó Ámbito Financiero. Además, estuvieron representantes de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina y de las fuerzas provinciales.
Bullrich destacó que el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas fue aprobado por “el 80% de las provincias” y con él se busca “establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.
“Manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, los que suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente”. Las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes” en todas las vías.
Si en las protestas hay personas o grupos que inciten a la violencia, porten elementos contundentes o armas de cualquier tipo o usen otros elementos que dañen la integridad, se “aislará e identificará a dichas personas, tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de delitos y proceder al secuestro de los elementos contundentes”. Y si hubiera daños se detendrá a los autores y se los pondrá a disposición de la Justicia. También se iniciará juicio civil a quienes causen el daño e incluso al ente al que pertenezcan, para que “repongan los bienes dañados”.
En cuanto a los medios de comunicación “se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”.
