En un año de contracción del nivel de actividad, la industria textil no es ajena a la coyuntura económica: en lo que va del año, el sector se contrajo un 25% en comparación con el mismo período de 2015, según datos de la Fundación Pro Tejer. La caída se debe principalmente a la pérdida del poder adquisitivo, y consecuentemente a una baja en el consumo, y a la apertura de las importaciones, que generó un crecimiento del 15% en la llegada de productos textiles del exterior.
La demanda de ropa es una de las variables que más rápido se ve afectada cuando disminuyen los salarios, y el sector sintió el efecto con una caída del 20% en las ventas de consumo masivo, que a la vez produjo la suspensión de 5000 puestos de trabajo, sostienen en la Fundación. “Recién en marzo del año que viene podremos saber si se va a reactivar el sector”, proyectó Jorge Sorabilla, presidente de la entidad y director de la empresa hilandera TN&Platex, en la 12º convención de Pro Textil.
Sin embargo, lo que más le preocupa a la industria textil es que haya una mayor apertura de las importaciones, ya que, según dicen, se trataría de una competencia desleal. “Estamos listos para competir, ahora es turno del Gobierno de hacer competitivo al país”, dijo Sorabilla y afirmó que existen altos costos productivos que son generados por fuera de la cadena de valor de la industria.
Según un estudio de la Fundación, apenas el 20% del precio final de una prenda es explicado por el costo de fabricación. Entre el resto de los costos incluyen un 25,5% de carga impositiva, casi un 15% por el alquiler del comercio (“hay una concentración de shoppings en pocos dueños”, dicen), otro 15% del interés que pagan las marcas a los bancos por la utilización de tarjetas de crédito y débito, un 15% en la distribución y comercialización de los productos y un 4,7% por el diseño y el marketing. El 4,8% restante, sostienen, corresponde a la rentabilidad de la empresa.
Además, para las fábricas textiles “el ausentismo laboral y la litigiosidad son escollos que hay que resolver”. En septiembre se iniciaron 14.333 nuevos juicios, un aumento de 45% con respecto a mismo mes de 2015, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
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“La Argentina no puede darse el lujo de poner en peligro el empleo cuando hay un 32% de pobres. Es como la industria automotriz: no habría ni un auto nacional si el sector no estuviera protegido”, dice Sorabilla.
Como un gesto desde el Gobierno hacia el sector, la vicepresidente Gabriela Michetti estuvo presente en la apertura del evento y aseguró que el Estado trabaja siempre con el fin de cuidar el empleo argentino: “Cuando uno sale de la mentira y la ficción, y pone la verdad sobre la mesa siempre hay dolor al comienzo. Se producen situaciones difíciles pero al poquito de andar con la verdad las cosas se sanan y se revierten para bien. Hay una oportunidad enorme de potenciar este sector, el Gobierno está para acompañar y ayudar en todos los pasos de la cadena de valor”, dijo.
De igual manera, a último minuto se sumó a la convención el titular de la Aduana, Juan José Gomez Centurión, quién fue muy aplaudido por el público presente y recibió elogios por su rol en el organismo. “Hay que desarrollar normativas nuevas y mejorar las que ya están para proteger el trabajo, el desarrollo argentino y la inversión. Pero también se necesitan herramientas que puedan ejecutar esas normativas y la aduana es una de ellas”, expresó Gómez Centurión, y continuó: “La aduana argentina es una institución a la que hay que desarrollar, modernizar y que tiene un montón de tareas por delante como seguir persiguiendo todas aquellas practicas que no estén de acuerdo con las normas adoptadas”, finalizó.
