Salud

Estudian cambios en el Plan medico obligatorio con quitas.

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Una reformulación integral del sistema de salud argentino entró de lleno en la agenda política con la pandemia del coronavirus como telón de fondo. El Gobierno abrió el debate esta semana con los principales referentes de los subsistemas público, de obras sociales y privado, con el foco puesto en el financiamiento, una centralización mayor en las decisiones y un posible rediseño en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con el objetivo de despejar el fantasma de quebrantos de las empresas y prestadoras.

La discusión fue inaugurada esta semana por el ministro de Salud, Ginés González García, antes de su internación , y forma parte de los postulados con los que arribó al Gabinete de Alberto Fernández pero que se vieron alterados por la dinámica de la cuarentena. Otro obstáculo fue que trascendiera la supuesta intención del funcionario de nacionalizar por decreto los recursos de salud, en el arranque del aislamiento social, lo que a pesar de ser luego desmentido puso en alerta a los empresarios del rubro y desató un lobby de largo aliento.

El martes, y en dos teleconferencias, quedó inaugurado un diálogo que se reanudará cada quince días con la participación, además de González García, de otros protagonistas del sistema: el superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini, y el gerente general del organismo, David Aruachan; José Luis Lingeri, el principal referente por la CGT del sistema de obras sociales; Hugo Magonza, director general del Cemic y presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), Rubén Torres, rector de la universidad Isalud y exsuperintendente, y otros representantes de prestadoras gremiales y privadas.

Desde hace años el ministro repite una enseñanza que le transmitió el fallecido piloto Juan Manuel Fangio: ante una situación crítica, ante un accidente, y mientras los otros competidores frenan, se impone acelerar. Bajo esa premisa montó la serie de interconsultas con vistas a una reestructuración del sistema de salud cuando todavía rige la cuarentena por el coronavirus y no existe un horizonte cierto para su levantamiento. En su entorno avisan que aunque no existe un proyecto de ley ni una batería de resoluciones en esa línea, el propósito del funcionario será avanzar de manera resuelta incluso en el transcurso de la crisis sanitaria.

Uno de los ejes de la propuesta del ministro es propender a una mayor centralización de las decisiones. Una idea que los privados, en particular el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, quisieron ver como una intentona estatista en el arranque del aislamiento. El equipo de Salud explica que en realidad se trata de acompasar la política sanitaria para afrontar en bloque, todos los subsistemas, desafíos como los que impone una pandemia y también el crecimiento exponencial de los gastos en el rubro como consecuencia del avance de la tecnología y de las sentencias judiciales protectorias de los afiliados.

Una de las propuestas fue reemplazar el actual PMO por una suerte de “canasta prestacional” menos onerosa que pueda funcionar como piso de los tratamientos y coberturas que deberán brindar prepagas y obras sociales. Incluso en plena campaña electoral González García se había manifestado en contra de lo que entendía como “excesos” en las prestaciones a las que se obliga a empresas y obras sociales y ponía como ejemplo los tratamientos de reafirmación de género para personas trans.

También hubo consenso en retomar las gestiones para la creación de una Agencias Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas (Agnet), una iniciativa que la CGT introdujo en la negociación con el gobierno de Cambiemos pero que se frustró junto con el deterioro de las relaciones entre aquella gestión y el sindicalismo tradicional. Se trata de un organismo ideado como barrera para las prestaciones y medicamentos impuestos por fallos judiciales, y que alientan tanto obras sociales como prepagas. Otro mecanismo para abaratar costos se relaciona con la necesidad de instrumentar pools de compras, y también de centralizar las decisiones.

En cuanto a las prestadoras sindicales los ejes son varios. El Gobierno y los gremios que conducen la CGT coinciden en que hay un exceso de obras sociales en el sistema, y en asignar el sobrante a las organizaciones más chicas, con pocos afiliados propios y que sólo subsisten a partir de acuerdos comerciales con prepagas para la transferencia de asociados. El mecanismo proliferó en los 90 junto con la desregulación del sistema de salud, se asentó en el proceso denominado de “descreme”, por el cual las obras sociales tradicionales perdieron los afiliados más jóvenes, menos enfermos y con mejores salarios a manos de las competidoras que ofrecían los beneficios de las prepagas, y continúa en la actualidad.

El financiamiento de las obras sociales sindicales y los métodos de reparto de los recursos por parte de la SSS vuelven al debate en cada remesa y, sobre todo, a partir de la puesta a prueba de todo el sistema que representó la explosión de la pandemia. Aunque hubo pagos parciales a favor de los gremios para compensarles las pérdidas de aportes (por el parate de la actividad) la CGT todavía espera la publicación de un decreto prometido por González García que debería completar con aportes del Tesoro la caída de la recaudación durante los meses de vigencia de la cuarentena.


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