Los puntos principales del proyecto sobre la deuda pública externa

Economía
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La iniciativa que la Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar una serie de operaciones y negociaciones sobre la deuda externa.

Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto sobre deuda externa

El proyecto del Poder Ejecutivo para renegociar la deuda externa, que la Cámara de Diputados aprobó hoy por una amplia mayoría construida a través del consenso con los bloques opositores, declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa.

En su artículo primero, la iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”.

La propuesta establece que el Ejecutivo determinará los montos nominales.

Habilita al Ministerio de Economía a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”.

Sin embargo, se aclara que ésto no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.

Autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.

Establece asimismo que todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.


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